La corrupción e impunidad, aunado a la omisión de las autoridades estatales y federales para encarar con eficacia a la delincuencia y frenar los desplazamientos forzados que genera la estela de violencia, ha provocado la desaparición de decenas de comunidades en ocho municipios de la región de Tierra Caliente, aseguró Gregorio López Gerónimo, también conocido como El Padre Goyo.
Acompañado por la congresista local, Fanny Arreola Pichardo y la activista Verónica Fernández, el clérigo detalló que los municipios afectados por el desplazamiento interno forzado son: “Chinicuila, Múgica, Coahuayana, Coalcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán y Buenavista”.
Lamentó que las autoridades no actué pese a la existencia de denuncias penales, con nombre y apellido de criminales que han despojado de patrimonio y hasta asesinado a familias.
También criticó a las autoridades por el hecho de pedirle a él y a las organizaciones que apoyan a los desplazados a ubicar a niño y jóvenes que no han podido cobrar sus becas debido a que se encuentra diseminados en 14 puntos de la frontera. “Si no sirven ni para eso; entonces que se vayan”, fustigó.
El Padre Goyo, quien fue el primer sacerdote en México que públicamente utilizaba chaleco antibalas, a la hora de oficiar misa, dijo que el gobierno de Michoacán que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla ha planteado la posibilidad de apoyar económicamente a las familias desplazas que deseen retornar a sus territorios; “pero no se trata de una limosna”, apuntó, “sino de garantizar su integridad”.
Aunque no hay censos específicos que permitan conocer la cifra total de desplazados en Michoacán, el prelado explicó que conforme a sus registros, con nombre y apellido tiene ubicadas a 2,686 familias en esas condiciones. Y cuestionó: “qué garantías tienen para que regresen…”.
Se estima que 40 por ciento de los desplazados internos de Michoacán son niños y adolescentes, quienes enfrentan un daño psicológico grave.
Exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) “hacer efectivas las denuncias” y aplicar la ley y puso como ejemplo un hecho ocurrido en San Juan Nuevo, donde un jefe de plaza se habría apoderado de una huerta de 20 hectáreas de aguacate, luego de asesinar al propietario y a uno de sus hijos por negarse a recibir 100 mil pesos a cambio de sus tierras.
“La viuda, presento la denuncia con nombre y apellido” y no se ha actuado a pesar de que los malos, dijo, viven en la finca y comercializan el producto.
Dijo que el tema del desplazamiento forzado “es una papa caliente” que ninguna autoridad se atreve a contener, por omisión o complicidad. En ese sentido, consideró muchos alcaldes actuales están vinculados con el narco y refirió que es imposible que el edil de Marcos Castellanos no se haya dado cuenta de lo que ocurría el su municipio (el fusilamiento de al menos 15 personas).
Para el clérigo y activista defensor de los derechos humanos, el presidente municipal “está coludido hasta la médula con el crimen organizado y debe renunciar”.
