*Brindó asesoría en la elaboración de la Ley para atender y reparar integralmente el DFI
En un esfuerzo coordinado para establecer estrategias contra el Desplazamiento Forzado Interno (DFI), el gobierno del estado, a través de la Secretaría del Migrante Michoacán (SeMigrante) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR) firmaron un convenio de colaboración para brindar asesoría y acompañamiento al fenómeno social que existe en nuestro estado, además de participar en la elaboración de la iniciativa de Ley para atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno.
La firma del convenio que concreta una relación de trabajo y coordinación para atender la problemática del DFI en Michoacán estuvo a cargo del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, Giovanni Lepri, quien destacó que actualmente más de 103 millones de personas en todo el mundo sufren por el desplazamiento y de ellos, más de la mitad (59 millones) lo hacen de manera interna en su propio país, sin cruzar fronteras, por lo que están en condición del llamado DFI, no como refugiados.
Antes de la firma del convenio, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, secretaria del Migrante, destacó las actividades que se implementaron en el periodo 2021-2022 para las personas en situación del Desplazamiento Forzado Interno (DFI), entre los que resaltó la reunión en Tijuana con 624 personas en esta condición, además de las celebradas con colectivos ciudadanos y el propio acercamiento con autoridades estatales y federales de la frontera para para la atención y acompañamiento a los migrantes michoacanos.
Anticipó que como parte del convenio con el gobierno de Baja California, se establecerán oficinas de la SeMigrante en Tijuana para que en conjunto con ACNUR se apoye de manera directa a los migrantes y desplazados con un acompañamiento efectivo y eficiente.
Destacó que con la integración en abril pasado del Comité Institucional para la atención al DFI en el que participan 17 instituciones y 5 ciudadanos, se ha trabajado con el apoyo y asesoría de ACNUR México en la elaboración de la iniciativa de Ley, para que Michoacán pueda contar con esta normatividad.
“ACNUR México ha sido guía y parte esencial en el diseño de la Ley que está por presentarse; mientras tanto, se han trazado rutas para el establecimiento de soluciones duraderas, aún con la ausencia de una Ley en el estado”, aseveró Fraga Gutiérrez.
En su mensaje, Giovanni Lepri, representante ACNUR en México, destacó que “el desplazamiento forzado es un tema global que, lastimosamente, ha venido creciendo con los años; como humanidad no hemos sido capaces de evitar que las personas tengan que desplazarse forzadamente”.
“El desplazamiento forzado es un tema de derechos humanos”, señaló Lepri y celebró que “Michoacán está dando pasos importantes, como la creación del comité de atención” y anticipó que a través del convenio se crearán políticas públicas migratorias que brindarán soluciones para las personas que han visto sus vidas destrozadas por las acciones que tomaron en contra de su voluntad.
Por su parte, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla mencionó que no todos los desplazamientos son de carácter forzado, pues una gran parte de los que emigran hacia otro país refiere al ‘’desplazamiento interno’’ que se ve afectado principalmente por la violencia familiar.
En ese sentido, pidió a las autoridades ser copartícipes e implementar acciones desde la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Salud, la Fiscalía del Estado de Michoacán, entre algunas otras que atienden las problemáticas sociales.
Recordó la estrategia estatal que se implementa desde la SeMigrante para resolver los conflictos que padecen los paisanos, como lo es Sueño Michoacano, programa que brinda apoyo a los migrantes en situación de retorno a su país, a través de apoyos económicos para un emprendimiento familiar, individual o comunitario.
